La última piedra que el Gobierno de España pretende interponer en el camino del archipiélago hacia la recuperación de la economía y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo es la negativa del Ministerio de Hacienda a ampliar, un año más, la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias. (RIC). 

Y lo hace argumentando que dar a las empresas canarias unos meses más para hacerlo supone un quebranto en las arcas públicas estatales de 20 millones de euros. 20 millones de un presupuesto de más de 347.000 millones. Un 0,01 del total del gasto previsto por el Estado para este año.

Una vez más, el Gobierno central parece olvidar las circunstancias canarias de lejanía y ultraperificidad que hacen que cualquier actividad empresarial que se decida llevar a cabo deba afrontar un sobrecoste en comparación con una empresa en territorio continental. 

Desde el encarecimiento del transporte de mercancías, la necesidad de contar con existencias más elevadas ante la dependencia exterior, que se deban tener almacenes en varias islas debido a la fragmentación del territorio, el mayor coste de la movilidad o el mayor precio de los suministros básicos, como la electricidad, son algunos de los sobrecostes a los que hemos de hacer frente en Canarias y que nos sitúan en clara desventaja. 

Estamos hablando de un caro peaje que pagamos las organizaciones de las islas por operar en una comunidad autónoma alejada y fragmentada. Un peaje que hace que nos sea muy difícil obtener un rendimiento empresarial adecuado

A este sobrecoste se suma la negativa a no prorrogar las dotaciones de las inversiones de la RIC correspondientes al año 2017, cuyo plazo finalizó el 31 de diciembre de 2021. Han decidido no tener en cuenta las circunstancias especiales que ha provocado la pandemia este último año, como es, especialmente, la parálisis de la administración pública. 

Este paso supone una clara vulneración a los fines por los que se creó el que hasta ahora era uno de los incentivos fiscales más atractivos con los que cuentan las islas: el fomento de la inversión empresarial productiva, el desarrollo de  infraestructuras públicas y, en consecuencia, generar empleo de calidad. 

No prorrogar la materialización de la RIC hasta finales de 2022 pone en riesgo cientos de puestos de trabajo en Canarias, una comunidad autónoma que, como ya es sabido, está entre las tres con más paro. 

Nos jugamos mucho. Desde el punto de vista económico y social. Ya no solo por las consecuencias que puede tener el hecho de que no se prorrogue la RIC, sino porque se abre la veda para vulnerar el fuero canario.

En caso de que Canarias no logre hacer cambiar de parecer al Ministerio de Hacienda, se pondrá la tesorería de muchas compañías de las Islas se verá sometida a una tensión que puede ser insostenible, al no haber podido obtener la financiación necesaria para poner en marcha las inversiones. 

La pandemia, con la parálisis de la administración que lleva aparejada, impide que quienes estamos al frente de una empresa podamos planificar el futuro a medio y largo plazo, tal y como requiere una correcta materialización de la RIC. 

Sin más tiempo para llevar a cabo esta materialización, se está poniendo en riesgo la supervivencia de miles de empresas canarias y de los puestos de trabajo que llevan aparejados.

Desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife llevamos diez meses pidiendo al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Hacienda y de Presidencia del Gobierno, que se realicen todas las gestiones oportunas para evitarlo. Saben de la importancia de que sea así para la economía y el bienestar social de las Islas. 

Por último, pedimos a todos las formaciones políticas con representación en el Senado que defiendan con una sola voz los intereses de Canarias porque no se están poniendo en peligro los intereses de unos pocos. Se está arriesgando el futuro de nuestras islas.